Las AAVV, al borde del desahucio

Reportaje publicado en ODIEL Información de Huelva el lunes 8 de noviembre de 2010
Autor: Ígor R. Iglesias

Que la cosa está mal no se le escapa a nadie, a ninguna economía familiar. Y tampoco a colectivos sociales tan cercanos a la realidad tangible de los barrios de la ciudad como las asociaciones de vecinos. Neutralizadas por el Ayuntamiento, sin recursos económicos, algunas esperan el desahucio y otros se autofinancian.

Durante este mandato municipal, que toca a su fin el próximo 22 de mayo con los comicios electorales correspondientes, el actual equipo de Gobierno no ha guardado ni las formas ni los fondos con respecto a los vecinos. La separación de éstos, ante el distanciamiento y enfado de muchos y la confianza y esperanza de otros en que los gobernantes hacen lo que pueden son dos de las características que definen la naturaleza de una y otra federación vecinal, la de Tartessos (muy crítica con el alcalde y sus ediles) y la de Saltés (más benevolente en sus críticas).

Pero la opinión de unos y otros sobre los dirigentes municipales no libra ni a los contrarios ni a los afines de tener serias dificultades económicas en las cuentas de tales asociaciones de vecinos.

El Ayuntamiento de Huelva les debe a las mismas todo el equipamiento y el mantenimiento de 2009 y el alquiler desde julio del año pasado a aquellas que no cuentan con una sede municipal o propia. Las que sí disfrutan de un edificio municipal no tienen problemas, claro está, con respecto a esto último.

Pero asociaciones de vecinos como la de Juan Riquelme–Viaplana están a la espera de que el ‘hardware’ de este ‘software’ que se ha convertido en uno de los azotes de los políticos que gobiernan en la ciudad se venga a abajo. Es sólo un ejemplo de tantos: La Merced, Los Dolores…

El temor del colectivo en sí es quedarse sin sede. El miedo personal de estos presidentes y miembros de juntas directivas de asociaciones vecinales es que esta situación afecte a su patrimonio personal y familiar, ya que los contratos de alquiler de las sedes que se encuentran en situación de impago están suscritos con la firma y DNI de los presidentes vecinales, que han solicitado al Ayuntamiento en más de una ocasión que sea éste el que asuma la contratación directamente allá donde no hay una sede vecinal de propiedad municipal.

Recientemente, durante la presentación del programa ‘Cultura de Barrios’, el alcalde de la capital onubense, Pedro Rodríguez (PP), aseguraba que el Ayuntamiento de Huelva ha hecho “un esfuerzo importante” y que “las sedes vecinales están en perfecto estado y completamente renovadas”.

Pero preguntados los presidentes de las asociaciones de vecinos, las palabras de Pedro Rodríguez quedan en las antípodas de los representantes vecinales cuyas asociaciones tienen la sede del colectivo alquilada a un particular en un local comercial.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Tartessos’, Francisco Ruiz, corrige al alcalde y asegura que “sí hay problemas en las sedes alquiladas”.

Problemas de infraestructura y también con el fisco. El primero de ellos, se aprecia en Marismas del Odiel, una asociación que representa a los vecinos de un puñado de barriadas en el entorno de Santa Lucía y las casas que sustituyeron al antiguo barrio del Hotel Suárez. Lo cuenta su presidente, Matías Lazo, quien indica que “somos nosotros, los vecinos, los que pagamos todo, las reparaciones y lo que consumimos”, ya que como al resto de asociaciones vecinales ni les paga la luz ni los equipamientos ni el material, a pesar de que el Ayuntamiento tiene firmadas subvenciones con estos importantes colectivos ciudadanos para el desarrollo de la ciudad.

Los problemas con Hacienda los relata la presidenta de Juan Riquelma–Viaplana, Juana Ordóñez, titular del contrato del alquiler donde se encuentra tal sede, por ser la presidenta del colectivo. A pesar de no recibir ni un solo euro comprometido del Ayuntamiento, ha de pagar “cada tres meses 700 euros de IVA por tener alquileres como colectivo”, como si de una empresa se tratase.

Tanto ella como la representante de La Merced, Dorleta Vaquero, temen quedarse sin sede. En caso de ésta última, la opción alternativa, aunque fuera provisional, sería la de ocupar La Gota de Leche, donde ya esta asociación vecinal realizan gran parte de las actividades dirigidas a sus socios, puesto que su sede, en la calle Amado de Lázaro, es “insuficiente”, según la representante de los vecinos.

El uso de edificios municipales de carácter social, con el que cuentan pocas barriadas, es una opción, pero no deseable para las asociaciones de vecinos. El porqué lo conocen bien los vecinos de Cardeñas, que al cambiar de barriada vieron cómo se quedaron sin sede; la que tenían en la antigua Cardeñas. En la nueva urbanización se dieron de canto con el abandono de la obra de un edificio en construcción junto a sus casas, que el Ayuntamiento abandonó.

Las casas de algunos vecinos se convirtieron en la nueva sede la asociación, que tuvo que buscar espacios en un edificio social, situado a poco menos de medio kilómetro de tal barrio.

El presidente de la otra federación vecinal, Saltés, José Luis Rebollo, también ha denunciado en varias ocasiones la deuda municipal con ellos.

Tres ejemplos:

La Merced. La presidenta de la Asociación de Vecinos de la Merced, Dorleta Vaquero, pone de manifiesto la “delicada y frágil situación” en la que se encuentra este colectivo vecinal, que como el resto está privado de mantenimiento, equipamiento y material, lo que supone que “no tenemos internet ni teléfono”.

“Lo único” con lo que cuentan estos vecinos es con una sede que se halla en un local comercial de la calle Amado de Lázaro, donde “ni siquiera podemos llevar a cabo todas las actividades, como las de Cultura de Barrio”, cuyos cursos tienen que ser impartidos, según expone Dorleta Vaquero, en las instalaciones de La Gota de Leche, un edificio municipal que se encuentra en la zona y que, además de acoger diferentes actividades, también es sede de la Concejalía de Servicios Sociales y Juventud.

El local en el que está ubicada la asociación vecinal fue objeto el año pasado de una pugna de carácter judicial, ya que sus propietarios, según expone Vaquero, reclamaron lo que los vecinos les adeudaban en concepto de alquiler. Y es que es la Junta Directiva de la asociación (aquí y en el resto de colectivos afectados) la que figura como morosa y no el Ayuntamiento, que sí es el responsable de ingresar el dinero pertinente, hecho esto que queda entre los vecinos y el consistorio y que preserva a esta administración de cualquier responsabilidad de tipo inmobiliario.

Según la representante vecinal, “por el momento el dueño del local no nos ha dicho nada, pero está a la espera de que se le ingrese todo lo relativo al alquiler desde enero hasta ahora”.

Los recibos de la luz “son asumidos con las cuentas de los socios”, indica Vaquero, que tienen que hacer “las llamadas telefónicas de la asociación de vecinos con mi propio teléfono”.

Al carecer de equipamientos y mantenimiento, “no tenemos actividades” y “hemos tenido que suspender algunas que hacíamos, como convivencias vecinales, el fin de curso o exposiciones”, añade Dorleta Vaquero.

La situación, pues, “es caótica, ya que no tenemos ni para un cartuchos de tinta en las impresoras ni para folios”, por lo que estos vecinos se encuentran “francamente mal”.

Dorleta Vaquero exige el pago del alquiler atrasado y el 100% del equipamiento de los últimos dos años.

Viaplana. La presidenta de la Asociación de Vecinos Juan Riquelme–La Merced, Juana Ordóñez, teme un desahucio “inminente”, debido a que el dueño del local donde se encuentra la asociación vecinal está pendiente de cobrar la mitad de 2009 y el 100% de lo que va de 2010.

Pero las deudas del Ayuntamiento, acostumbrado a firmar convenios donde la foto es la que cuenta, pero no el ingreso a los colectivos con los que suscribe tales compromisos. En lo que respecta a Juan Riquelme–Viaplana, “el Ayuntamiento nos debe todas las actividades subvencionadas desde 2007”, así como el 100% del equipamiento y mantenimiento de estos locales.

Pero el “temor” del desahucio es lo que más preocupa, ya que “tenemos hasta final de año para pagar lo que debemos o, al menos una parte”, dice Ordóñez. Por el momento, sólo existe el compromiso verbal (uno de tantos, e incumplidos reiteradamente) del alcalde de que se pagará “cuando se pueda”, según indicó éste en la última reunión celebrada con los vecinos. Entonces les dijo que la venta parcial de Aguas de Huelva es donde residían las claves para dilucidar el momento del pago.

Mientras tanto, “hemos tenido que suspender actividades propias que nos gustaba hacer y que daban vida a la asociación y al barrio, como eran la Semana Cultural, la Semana de la Mujer y la Semana de la Solidaridad”, así como unas fiestas en verano que animaban la Plaza Perlita de Huelva y suponían una actividad más en un barrio de una ciudad donde su ayuntamiento llegado el verano pone el cartel de cerrado por vacaciones a las actividades culturales y lúdicas (con la excepción de las Colombinas, que por otra parte no son fiestas municipales, sino de la ciudad en sí).

La luz, el agua y el material lo han de pagar los vecinos de su bolsillo. Y el teléfono también es asumido por éstos, así como el pago de “los 700 euros que cada tres meses tenemos que abonar de IVA por tener un alquiler y ser un colectivo y recibir aunque sea de manera oficial y no efectiva subvenciones”, asegura la representante vecinal.

Juana Ordóñez no oculta su indignación ante las palabras del alcalde en referencia al “esfuerzo importantísimo” que, según Pedro Rodríguez, ha hecho el Ayuntamiento “para tener en perfecto estado y completamente renovadas” las sedes vecinales.

Ordóñez contradice al alcalde y comenta que “ya veremos qué sede tenemos cuando nos echen de aquí”.

Marismas del Odiel. El presidente de la Asociación de Vecinos Marismas del Odiel, Matías Lazo, ha censurado al alcalde en relación al estado de las asociaciones de vecinos.

Dice que “nuestra asociación está en perfecto estado porque somos nosotros, los vecinos, los que la arreglamos y pagamos nosotros y no ellos”, en referencia al Ayuntamiento.

Matías Lazo se queja además de que “no hemos cobrado el mantenimiento ni el equipamiento de 2009 y 2010”, por lo que “también lo pagamos nosotros”. No obstante, reconoce que “si no tenemos material para la sede no podemos hacer todo lo que nos gustaría”, expone Lazo.

Y reitera que “no es con el dinero del Ayuntamiento con el que aquí se hacen las cosas, sino con el de los socios que aportan su cuotas y que también ponen dinero extra cuando hace falta”, indica el representante vecinal, que denuncia además que “estamos aquí como en una isla, sin que el Ayuntamiento atienda las necesidades que tenemos”.

La sede vecinal se encuentra en el barrio de Santa Lucía, en una casa sita en la avenida Miramar, cuyo mantenimiento, como explica Matías Lazo lo realizan los propios vecinos, que cuentan con material propio para la realización de actividades que se hacen en el barrio, como la cabalgata de Reyes Magos, cuyos disfraces se encuentran en la sede, por ejemplo.

Ante la dejadez municipal, esta asociación ha optado por la autofinanciación para muchas de sus actividades, algo que provoca también que no siempre se puedan acometer, como en otras asociaciones vecinales, todos los proyectos que los vecinos acuerdan y quieren poner en marcha.

Matías Lazo aprovecha también la ocasión para denunciar cómo instalaciones municipales de uso deportivo, como el campo de fútbol de la zona, están “completamente abandonadas”. Dice este presidente vecinal que “sin dinero, que el Ayuntamiento está obligado a pagar, pero que no paga, no se puede mantener nada”, por lo que en este barrio “nos encontramos totalmente abandonados”.

La situación de esta asociación vecinal, como la del resto, se encuentra en una situación límite, lo que implica que estos colectivos ciudadanos están más debilitados ante esta situación que de estar sin tales problemas económicos.

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